El derecho a la libre expresión está en la base de todos los derechos naturales, precedido por el derecho a la vida, que es condición para su ejercicio. Desde el siglo 17, poco a poco y en el desarrollo teórico al principio pero aceleradamente y en su versión práctica después, han venido sucumbiendo regímenes que lo ignoraban, perseguían, limitaban o falsificaban. Hoy ya no es tan común ver en Occidente países donde las voces de los disidentes sean acalladas por los gobiernos, aunque también se ve intenciones en ese sentido en muchos lados, sin ir más lejos en nuestro propio país, como en un intento de hacer que la historia vaya hacia atrás y de vulnerar libertades que hace mucho creíamos parte indisoluble de nuestra personalidad. Gobernar las mentes y voluntades y ocultar la verdad con prepotencia y amenazas ha estado siempre en la esencia de todos los totalitarismos.
Hoy nos encontramos con un Colegio de Traductores Públicos gobernado por un CD que, aunque de origen democrático, ha estado tratando, efectivamente hasta ahora, de evitar discusiones públicas entre matriculados por medio de El Lenguaraz, el foro de intercambio profesional oficial del Colegio. Existen, probablemente entre muchas, tres disposiciones intrínsecamente antidemocráticas y antirrepublicanas:
1º) que el CD pueda estar formado, como ocurre ahora, por personas de un solo color político, institucionalmente hablando, lo que evita cualquier atisbo de transparencia y de control del poder y de los recursos, que de este modo manejan a su antojo y sin límites.
2º) Que un oscuro traductor, manejado a voluntad por el CD, tenga la atribución de ejercer una verdadera censura previa en los foros electrónicos del Colegio de Traductores Públicos, que son de todos los matriculados y pagamos todos nosotros, no sólo los que mandan, e impedir de este modo que una discusión fundamental, como es la discusión sobre los fondos del colegio y el origen y solución del enorme déficit provocado por la presente administración de modo absolutamente inconcebible, pueda ser conocido y discutido por los matriculados; y
3º) que el Colegio no tenga comisión revisora de cuentas ni ningún tipo de control externo de quienes administran la institución, que de este modo gastan sin ningún tipo de control u autorización de un órgano superior, lo que es más bien propio de los tiranos de la antigüedad y vergonzante para una institución como la nuestra.
Sin duda deberemos con el tiempo lograr que sean eliminadas cuanto antes estas tres disposiciones, si no queremos seguir cayendo en el déficit, la censura y el desmanejo de los fondos que son, vale la pena recordarlo, de todos nosotros.
Emilio C. Lloveras
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