La bitácora de los traductores públicos

Si bien en principio sólo rige la profesión y la administración de la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires, esta LEY NACIONAL contiene ADEMÁS la norma más importante que rige nuestra profesión en todo el país y que es imposible suplir con una ley provincial o de la CABA . “Art. 6 - Todo documento que se presente en idioma extranjero ante reparticiones, entidades u organismos públicos, judiciales o administrativos del Estado Nacional, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, o del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, debe ser acompañado de la respectiva traducción al idioma nacional, suscripta por el traductor público matriculado en la jurisdicción donde se presente el documento .” Las leyes provinciales agregan el requisito de la traducción pública para los documentos que se presenten en los organismos provinciales, pero básicamente se crean bajo el paraguas del Art. 6 de la Ley Nacional 20.305, y crean la matr

Se habrán enterado de que repentinamente el Consejo Directivo una vez más quiere modificar nuestra ley 20305. En el año 2010, en la asamblea extraordinaria que se celebró para decidir cambiar el articulado de la ley se llegó a la conclusión de que en realidad era necesario que el Consejo determinara la conveniencia, oportunidad y los riesgos que representaba para la profesión modificar la ley. No voy a abundar en detalles ya que el acta de la Asamblea Extraordinaria del año 2010 se puede leer en el sitio del Colegio. En ese momento se decidió no modificar la ley. La misma expresidente (actual vicepresidente) del Colegio en dicha asamblea dijo: “… . No, de hecho Ricardo Monner Sanz [uno de los constitucionalistas consultado] no ve que esta norma se pueda presentar en el seno del Congreso Nacional [Pág. 25 del acta transcripta].  El constitucionalista Badeni sugirió presentar 2 leyes : una nacional para los temas de fondo y otra presentada en la CABA para los temas administ

El Consejo Directivo convoca por segunda vez en tres años a una asamblea extraordinaria para modificar la ley 20.305. En 2010, en una asamblea convocada con el mismo propósito, los matriculados rechazamos por amplia mayoría esa peligrosa iniciativa pero, asombrosamente, el CD insiste en su propuesta. Debemos estar alarmados. Los riesgos que se corren son muchos   y pueden afectar a todos los matriculados. No ha habido una adecuada difusión de motivos y fundamentos, ni un debate amplio y democrático, desoyendo lo que dispuso expresamente la asamblea de 2010.   Aunque redactemos un hermoso anteproyecto, es probable que los legisladores no lo entiendan en su cabal importancia, lo desvirtúen, lo modifiquen y finalmente lo aprueben o no según dicten las necesidades, conveniencias y alineamientos de la coyuntura. Para cuando su tratamiento legislativo termine, del bello texto que pudiéramos pergeñar tal vez quede poco o nada. A ninguna otra asociación profesional que, como la