PROTEJAMOS NUESTRA LEY

Se habrán enterado de que repentinamente el Consejo Directivo una vez más quiere modificar nuestra ley 20305.

En el año 2010, en la asamblea extraordinaria que se celebró para decidir cambiar el articulado de la ley se llegó a la conclusión de que en realidad era necesario que el Consejo determinara la conveniencia, oportunidad y los riesgos que representaba para la profesión modificar la ley. No voy a abundar en detalles ya que el acta de la Asamblea Extraordinaria del año 2010 se puede leer en el sitio del Colegio. En ese momento se decidió no modificar la ley.

La misma expresidente (actual vicepresidente) del Colegio en dicha asamblea dijo: “…. No, de hecho Ricardo Monner Sanz [uno de los constitucionalistas consultado] no ve que esta norma se pueda presentar en el seno del Congreso Nacional [Pág. 25 del acta transcripta].  El constitucionalista Badeni sugirió presentar 2 leyes: una nacional para los temas de fondo y otra presentada en la CABA para los temas administrativos [Pág. 32 del acta transcripta]. Como verán los que supuestamente saben no se ponían de acuerdo sobre qué se debía hacer.

¿Se imaginan?, seríamos la primera profesión que se rige por dos leyes distintas. En la misma asamblea, y yo tengo la misma duda, surgió la posibilidad de que al estar con un pie en dos jurisdicciones distintas se decidiera la creación de dos colegios (¡habría que pagar 2 matrículas!) y el estado se podría quedar con el dinero de las legalizaciones (no más becas, ni cursos, ni viajes).

Además es conocida la actual lucha política entre la CABA y la Nación. ¿Se imaginan a nuestro pequeño colegio metido en el medio para que nos aprueben una o dos leyes? 

Los artículos a modificar en la última convocatoria planteaban numerosas dudas y consecuencias imposibles de determinar.

Estuve presente en parte de la Asamblea para modificar el código de ética. Cuando se le pidió al CD y a los miembros del Tribunal de Conducta que fundamentaran la necesidad de cambiar el código la respuesta fue “porque es viejo y hay que actualizarlo y porque queremos incluir los derechos humanos”. Invito a los que tengan mucha paciencia a leer el código reformado para que traten de detectar los beneficios de la supuesta actualización y principalmente en qué parte del código se incluyen los derechos humanos. El único cambio de importancia que hicieron fue eliminar el artículo 14 que prohibía a los miembros del Consejo publicitar sus servicios profesionales en sus sitios Web o en otros medios diciendo que eran autoridades del Colegio. No quiero que esta gente modifique nuestra ley porque ni siquiera imagina los problemas que podremos tener si lo hacen.

¿Qué tienen para decir el resto de los Colegios de Traductores Públicos que podrían ver afectada su jurisdicción por los cambios propuestos en nuestra nueva ley o leyes?

Según la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria para el 21 de mayo el orden del día será: “Modificaciones al articulado de la ley 20305”. Es decir, el Consejo sigue sin entender que es necesario que le explique a los matriculados por qué quiere cambiar la ley. En definitiva debería respetar lo que le exigió la asamblea del año 2010: exposición de motivos (por qué y para qué deberíamos cambiar la ley), conveniencia, necesidad y oportunidad de aprobar el anteproyecto de reforma. En todo caso pareciera que le quiere quitar importancia al motivo de la asamblea, da por sentado que los matriculados hemos aprobado modificar la ley, cosa que no ha ocurrido, y que deberemos pasar a debatir los artículos.

Creo que piensa que sucederá lo mismo que hicieron con la modificación del código de ética. No respetaron lo que se decidió en la asamblea: el código debía modificarse una vez modificada la ley, pero lo modificaron igual. Y pensaron que nadie iría a la asamblea, lo que realmente ocurrió, y estaban tan seguras de esto que ni siquiera alquilaron el salón de las asambleas habitual sino que se hizo en una salita del colegio.

Parece ser que el Consejo continúa subestimando a los matriculados. Dice que ha seguido analizando los artículos de la ley; sin embargo, no existe la comisión Reforma de la Reglamentación Vigente como fácilmente se puede comprobar en el sitio del Colegio, no hay consejera a cargo, no tiene miembros, no hay documentación y no hubo invitación a los matriculados para continuar analizando la conveniencia de la modificación que ahora se propone. Y el Consejo necesita de las comisiones para tomar decisiones y más en este caso debido a la importancia de la posible modificación. ¿Habrá una comisión fantasma?

Parece ser que el Consejo ha implementado unas pocas reuniones de última hora para debatir algunos artículos y es evidente que también ha adoptado un método para convencer a los que no están en el día a día del Colegio: envían mensajes en los que se informa la conveniencia de cambiar la ley. Hoy, por ejemplo, se envió uno en el que se afirma que se va a incluir en la nueva ley la obligatoriedad de los honorarios que determine el Consejo derogando así la Ley de Desregulación vigente. Y habrá algún ingenuo que creerá que ahora sí con una ley que diga los honorarios que debemos cobrar los clientes nos caerán del cielo y nos pagarán cifras astronómicas y actualizadas según la inflación y que los jueces abrirán las exhaustas arcas del estado para pagarnos rápidamente y con creces nuestras pericias.

¿Qué pasará con los colegas que quieran determinar libremente sus propios honorarios y estos no coincidan con los exigidos por el Consejo? ¿Saldrá el Tribunal de Conducta a perseguir de oficio con multas a los que quieran acordar sus honorarios con sus clientes?

Y en caso de aprobarse que los traductores públicos puedan trabajar en relación de dependencia, se quedarán sin trabajo cuando sus empleadores se nieguen a pagar los honorarios que exija el Colegio? ¿Serán los noveles los primeros que sufran las consecuencias en el caso de aprobarse esta ley?

Y por último, el Consejo anunció que la documentación relativa a la modificación estará disponible a partir del 3 de abril, unos 20 días antes de la asamblea, lo que obviamente impedirá que quienes estamos interesados en analizar esta documentación y hacer las consultas legales necesarias no podamos hacerlo.

Por todo esto, invito encarecidamente a todos los colegas a participar en esta que será una decisión trascendente para la profesión, a que concurran a la asamblea y evitar que unos pocos decidan su presente y futuro.

TP Alejandro Petersen