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Otro verso, pero no de amor


Una vez más el Consejo Directivo del CTPCBA utiliza las páginas de la revista institucional para dar una versión sesgada de las finanzas y la administración del Colegio.

Leamos: “No cabe duda de que medir los resultados de tal o cual gestión implica tomarse un tiempo para que haya finalizado su mandato, haya cumplido al menos la mayoría de sus objetivos y consolidado el modelo a partir del cual se siga trabajando en pos del crecimiento de la institución para la cual esa gestión tanto ha trabajado.”

“Sería un error de precisión y de evaluación juzgar a una gestión solo por sus números o porque sus números en un determinado ejercicio no han sido favorables.”

Es claro, y lo han demostrado en todas las Asambleas donde se debe debatir el balance y la memoria anuales, que las autoridades actuales no quieren que los matriculados sepan en qué se gastan los ingresos por legalizaciones, cuota anual y matrícula.

Los que asistimos a esas asambleas hemos comprobado la firme determinación del Consejo Directivo de impedir que se debata y se informe fehacientemente en qué se “invierten” los dineros de todos nosotros. Es el mismo Consejo Directivo que se niega a tener un órgano de control de gastos independiente, por ejemplo, integrado por la minoría no oficialista. ¿Alguien se puso a pensar que los gastos de todo tipo, viajes, estadías, hoteles, viáticos, fiestas y vaya uno a saber cuántos otros rubros son “autorizados” por las mismas personas que los hacen?

Según el Consejo Directivo no debemos pedir explicaciones antes de que termine su mandato, pedirle que rinda cuentas y ni siquiera criticar su accionar. Nos cuenta que no seremos sabios críticos si juzgamos su gestión solo por sus números o porque sus números en un DETERMINADO ejercicio no han sido favorables. Y debemos, sí debemos, recordarle al Consejo Directivo que los números no fueron desfavorables sino desastrosos y no en un solo ejercicio.

Cabe recordar que desde que asumió la actual administración del Colegio los “números” han sido “desfavorables”. Cuando asumió la actual conducción el superávit era de $1.200.000, el primer año descendió a $700.000, el segundo año a $400.000 y el tercer año llegó a un déficit de más de un millón de pesos. Todo esto consta en los respectivos balances oficiales del Colegio. Como se puede comprobar no son números “desfavorables” de un ejercicio sino de todos los ejercicios en los cuales el Colegio ha sido administrado por las actuales autoridades.

A las autoridades tampoco parecen importarles las consecuencias financieras de los juicios, por ejemplo, hay uno que tiene embargada la sede de Callao y, si la apelación resulta desfavorable, el colegio deberá pagar más de 600 mil pesos de indemnización a una ex amiga de la actual presidente del colegio más las costas y los honorarios de los abogados.

Fueron las actuales autoridades las que intentaron modificar nuestra ley del traductor público sin un análisis profundo e idóneo y sin medir las consecuencias de hacerlo. Esa vez no pudieron lograrlo porque se presentó un número inusual de matriculados en la asamblea extraordinaria y se impidió el desatino. Sin embargo, los matriculados debemos estar atentos y participar ya que el Consejo Directivo continúa con su idea de modificar la ley.

El Consejo logró sí, torcer la voluntad de la asamblea extraordinaria en la que se había decido que el Código de Ética seguiría la suerte de la ley y se debatiría y se aprobaría cuando se modificara la ley. Sin embargo, después de una lectura, una vez más sesgada, de lo que se había dispuesto en la asamblea decidió convocar otra asamblea para modificar el código. Esta vez lo logró, por falta de interés de la matrícula. [Leer acta de asamblea de modificación del código de ética]. El fundamento de la necesidad del cambio fue que “el código está viejo y es necesario incluir los derechos humanos”. También podrán comprobar que todos los artículos referidos a la parte procesal del juicio (lo más importante) no fueron debatidos y fueron aprobados sin más, como muchas otras partes del código.

“… y, también, de cómo las finanzas se han recuperado a la luz de una fuerte política de recorte presupuestario y de cooperación del matriculado, que, poniéndose del lado del Colegio y no de un partidismo parcial, entendió que solo él es el dueño del destino de su institución y, como tal, debe ayudarla en los buenos tiempos, pero también en los momentos no tan buenos.”

¿Se han recuperado las finanzas? Nadie lo sabe con seguridad. Nos dicen que eso es así, pero no hay documento oficial que lo compruebe. Es verdad, lo dicen las autoridades, pero lamentablemente no es la primera vez que nos dicen algo que después resulta que no es realidad. ¿Se acuerdan cuando una consejera nos contó del logro que había obtenido el Consejo Directivo con el Proyecto Escudero? Aquel que creaba un registro de idóneos quitándole el lugar a los traductores públicos para dárselo a cualquiera que supiera un idioma y un juez lo llamará para actuar  en la justicia. ¿Se acuerdan cuando la presidente del Colegio nos contó que no había asesoramiento por escrito de los abogados constitucionalistas cuando se quiso modificar la ley y a los pocos días nos contó qué sí estaban por escrito y a disposición de la matrícula? Y…

¿Recorte presupuestario? Esperemos que haya sido así. Sin embargo, la presidente del Colegio en la última asamblea prometió que ninguna consejera y menos ella harían nuevos viajes. Lamentablemente se olvidó de su promesa y este año un grupo de consejeras con ella a la cabeza viajaron a Uruguay. Y hay un grupo itinerante de profesores del Colegio que viaja por el país y el exterior.

En cuanto a la “colaboración del matriculado” es una elaboración extraña y que no parece coincidir con la realidad. En la asamblea del año pasado, después de confirmar que el balance tenía un déficit de más de $1.500.000 el consejo decidió aumentar la cuota anual de $180 a $400 ($450 si se paga con tarjeta) y como ocurre siempre con una sala semi vacía por la hora logró aprobar el aumento.

Tampoco informan las administradoras cuántos matriculados han pagado la cuota anual, cuántos no la han pagado y cuántos se han dado de baja.

En el último párrafo citado el Consejo una vez más no puede evitar incluir un poquito de política y denostar a los que supuestamente no colaboran y es tal la negación de la situación que ni siquiera puede decir que la situación del colegio es (¿fue?) tremendamente difícil y nos da su voto “no positivo”, quiero decir, no puede decir que la situación es mala y dice “momentos NO TAN BUENOS”.

La bitácora de los traductores públicos

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