Una vez más el Consejo Directivo
del CTPCBA utiliza las páginas de la revista institucional para dar una versión
sesgada de las finanzas y la administración del Colegio.
Leamos: “No cabe duda de que
medir los resultados de tal o cual gestión implica tomarse un tiempo para que
haya finalizado su mandato, haya cumplido al menos la mayoría de sus objetivos
y consolidado el modelo a partir del cual se siga trabajando en pos del crecimiento
de la institución para la cual esa gestión tanto ha trabajado.”
“Sería un error de
precisión y de evaluación juzgar a una gestión solo por sus números o porque
sus números en un determinado ejercicio no han sido favorables.”
Es claro, y lo han demostrado en
todas las Asambleas donde se debe debatir el balance y la memoria anuales, que
las autoridades actuales no quieren que los matriculados sepan en qué se gastan
los ingresos por legalizaciones, cuota anual y matrícula.
Los que asistimos a esas asambleas
hemos comprobado la firme determinación del Consejo Directivo de impedir que se
debata y se informe fehacientemente en qué se “invierten” los dineros de todos
nosotros. Es el mismo Consejo Directivo que se niega a tener un órgano de
control de gastos independiente, por ejemplo, integrado por la minoría no
oficialista. ¿Alguien se puso a pensar que los gastos de todo tipo, viajes,
estadías, hoteles, viáticos, fiestas y vaya uno a saber cuántos otros rubros
son “autorizados” por las mismas personas que los hacen?
Según el Consejo Directivo no
debemos pedir explicaciones antes de que termine su mandato, pedirle que rinda
cuentas y ni siquiera criticar su accionar. Nos cuenta que no seremos sabios
críticos si juzgamos su gestión solo por sus números o porque sus números en un
DETERMINADO ejercicio no han sido favorables. Y debemos, sí debemos, recordarle
al Consejo Directivo que los números no fueron desfavorables sino desastrosos y
no en un solo ejercicio.
Cabe recordar que desde que
asumió la actual administración del Colegio los “números” han sido
“desfavorables”. Cuando asumió la actual conducción el superávit era de
$1.200.000, el primer año descendió a $700.000, el segundo año a $400.000 y el
tercer año llegó a un déficit de más de un millón de pesos. Todo esto consta en
los respectivos balances oficiales del Colegio. Como se puede comprobar no son
números “desfavorables” de un ejercicio sino de todos los ejercicios en los
cuales el Colegio ha sido administrado por las actuales autoridades.
A las autoridades tampoco parecen
importarles las consecuencias financieras de los juicios, por ejemplo, hay uno
que tiene embargada la sede de Callao y, si la apelación resulta desfavorable,
el colegio deberá pagar más de 600 mil pesos de indemnización a una ex amiga de
la actual presidente del colegio más las costas y los honorarios de los
abogados.
Fueron las actuales autoridades
las que intentaron modificar nuestra ley del traductor público sin un análisis
profundo e idóneo y sin medir las consecuencias de hacerlo. Esa vez no pudieron
lograrlo porque se presentó un número inusual de matriculados en la asamblea
extraordinaria y se impidió el desatino. Sin embargo, los matriculados debemos
estar atentos y participar ya que el Consejo Directivo continúa con su idea de
modificar la ley.
El Consejo logró sí, torcer la
voluntad de la asamblea extraordinaria en la que se había decido que el Código
de Ética seguiría la suerte de la ley y se debatiría y se aprobaría cuando se
modificara la ley. Sin embargo, después de una lectura, una vez más sesgada, de
lo que se había dispuesto en la asamblea decidió convocar otra asamblea para
modificar el código. Esta vez lo logró, por falta de interés de la matrícula. [Leer
acta de asamblea de modificación del código de ética]. El fundamento de la
necesidad del cambio fue que “el código está viejo y es necesario incluir los
derechos humanos”. También podrán comprobar que todos los artículos referidos a
la parte procesal del juicio (lo más importante) no fueron debatidos y fueron
aprobados sin más, como muchas otras partes del código.
“… y, también, de cómo las finanzas se han recuperado a la luz de una
fuerte política de recorte presupuestario y de cooperación del matriculado,
que, poniéndose del lado del Colegio y no de un partidismo parcial, entendió
que solo él es el dueño del destino de su institución y, como tal, debe
ayudarla en los buenos tiempos, pero también en los momentos no tan buenos.”
¿Se han recuperado las finanzas?
Nadie lo sabe con seguridad. Nos dicen que eso es así, pero no hay documento
oficial que lo compruebe. Es verdad, lo dicen las autoridades, pero
lamentablemente no es la primera vez que nos dicen algo que después resulta que
no es realidad. ¿Se acuerdan cuando una consejera nos contó del logro que había
obtenido el Consejo Directivo con el Proyecto Escudero? Aquel que creaba un
registro de idóneos quitándole el lugar a los traductores públicos para dárselo
a cualquiera que supiera un idioma y un juez lo llamará para actuar en la justicia. ¿Se acuerdan cuando la
presidente del Colegio nos contó que no había asesoramiento por escrito de los
abogados constitucionalistas cuando se quiso modificar la ley y a los pocos
días nos contó qué sí estaban por escrito y a disposición de la matrícula? Y…
¿Recorte presupuestario?
Esperemos que haya sido así. Sin embargo, la presidente del Colegio en la
última asamblea prometió que ninguna consejera y menos ella harían nuevos
viajes. Lamentablemente se olvidó de su promesa y este año un grupo de
consejeras con ella a la cabeza viajaron a Uruguay. Y hay un grupo itinerante
de profesores del Colegio que viaja por el país y el exterior.
En cuanto a la “colaboración del
matriculado” es una elaboración extraña y que no parece coincidir con la
realidad. En la asamblea del año pasado, después de confirmar que el balance
tenía un déficit de más de $1.500.000 el consejo decidió aumentar la cuota
anual de $180 a $400 ($450 si se paga con tarjeta) y como ocurre siempre con
una sala semi vacía por la hora logró aprobar el aumento.
Tampoco informan las
administradoras cuántos matriculados han pagado la cuota anual, cuántos no la
han pagado y cuántos se han dado de baja.
En el último párrafo citado el
Consejo una vez más no puede evitar incluir un poquito de política y denostar a
los que supuestamente no colaboran y es tal la negación de la situación que ni
siquiera puede decir que la situación del colegio es (¿fue?) tremendamente
difícil y nos da su voto “no positivo”, quiero decir, no puede decir que la
situación es mala y dice “momentos NO TAN BUENOS”.
La bitácora de los traductores
públicos
Comentarios
Publicar un comentario